El Ministerio de Consumo ha puesto en marcha un anteproyecto de ley que modifica de forma sustancial los aspectos de la normativa de viajes combinados que más perjudican a las agencias. El más significativo es, sin duda, el fin de la garantía solidaria, una “reivindicación histórica” en el sector, que los líderes de las principales asociaciones celebran.

Hasta ahora, los organizadores y minoristas de viajes combinados deben “responder de forma solidaria frente al viajero del correcto cumplimiento de los servicios de viaje incluidos en el contrato, con independencia de que estos servicios los deban ejecutar ellos mismos u otros prestadores”, según se desprende del Real Decreto Ley 23/2018, que regula los viajes combinados.

Con los cambios que plantea Consumo, se pasará de un régimen de garantías solidario por parte de organizadores y minoristas del viaje combinado a un régimen por el cual cada parte será responsable exclusivamente por su ámbito de gestión del viaje.

“Es un cambio de suma importancia de cara a las nuevas contrataciones que se realicen una vez se haya aprobado la ley”, sostiene el presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), Carlos Garrido, quien hace hincapié en que, con la nueva legislación, las agencias “no tendrán que asumir una responsabilidad que no les corresponde”, si bien esto no significa “que dejen de atender a sus clientes”.

Su homónimo en la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave), Martí Sarrate, comparte el entusiasmo con respecto a la modificación de la garantía solidaria, pues considera que sus consecuencias “se acentuaron” con el inicio de la pandemia y “ponían de manifiesto lo injusto del sistema”. Más adecuada resulta, a su juicio, “la responsabilidad por ámbito de gestión” que propondrá la nueva normativa con la que minorista y organizadora responden “por las funciones que les corresponden”.

La “limitación de obligaciones” que conlleva para las agencias la modificación de la ley no ha pasado desapercibida tampoco para María Dolores Serrano, responsable de la asesoría jurídica de UNAV Legal Deiurem. “Supone una descarga de responsabilidad muy importante, sobre todo para las agencias minoristas”, destaca.

“Influencia limitada” en el presente y el pasado

La Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes Españolas (Fetave) lleva años luchando de forma activa contra los puntos más lesivos de la Ley de Viajes Combinados. Por eso, el fin de la responsabilidad solidaria es una victoria para la asociación, pues acaba con “una auténtica aberración comercial y jurídica”, según su presidente, César Gutiérrez.

Gutiérrez cree que la modificación supondrá una reducción de los costes de viajes combinados en más de 165 millones de euros al año, además de la armonización del marco jurídico español con el europeo o la contribución a la mejora de la competencia entre organizadores y comercializadores, “sin merma de la protección de los derechos del viajero”.

Pero, a pesar de que el anteproyecto de ley presenta más novedades, como la concreción de los viajes que quedan al margen de la regulación para viajes combinados, no todo son buenas noticias, según Gutiérrez. “La influencia e importancia sobre el presente y el pasado es muy limitada, ya que una vez se apruebe el anteproyecto como paso previo a su conversión en ley, esta no tendrá retroactividad y de esta forma las responsabilidades adquiridas antes y durante la pandemia seguirán vigentes”, especifica.

Las agencias piden más cambios

Las agencias esperan que la aprobación del anteproyecto se produzca a la mayor brevedad. Garrido espera que se materialice a finales de este año, mientras que Gutiérrez se muestra más cauto y apuesta por la temporada de verano de 2022. Parece claro que la tramitación se demorará al menos unos meses y, por ello, las agencias no renuncian a que el proyecto definitivo incluya más cambios.

“Hay temas como el seguro de viaje, que siempre hemos considerado que tiene que ser de obligada contratación, y que se mantienen como contratación facultativa, o la redacción de los viajes ocasionales a los cuales no se les aplica la normativa de viajes combinados, que deberían revisarse”, apunta Sarrate.

Por su parte, Gutiérrez aboga por que en el artículo 150, se hubiera definido “el grupo limitado de viajeros estuvieran unidos entre sí por un vínculo de carácter cultural, laboral u asociativo”. Se trata de una precisión que ya han realizado algunas comunidades autónomas en la traslado de la ley a sus normativas y que Fetave cree que puede lograrse en la tramitación del anteproyecto.

Para Serrano, “es fundamental” que se revise la responsabilidad de los organizadores, “que actualmente deben responder por los proveedores de servicios incluso cuando estos han incumplido sus obligaciones de reembolsos”.

Sin embargo, la Ley de Viajes Combinados española es una trasposición de la Directiva Europea y no pueden realizarse modificaciones sustanciales, por lo que se requerirían cambios en la normativa comunitaria, según explican tanto Serrano como Garrido, quien apuesta por “modificar la Directiva para poder llegar a cumplir todos los objetivos”.