Fetave afirma que las próximas elecciones perjudican al sector.
La Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes Españolas (Fetave) ha reclamado a las comunidades autónomas que adapten su normativa a la Ley de Viajes Combinados, incluyendo la comercialización online de viajes, cuya tramitación parlamentaria con la convocatoria de las próximas elecciones queda en suspenso, una situación que señala “perjudica” al sector.
En un comunicado, señala que la suspensión de la tramitación del proyecto de ley en el Parlamento, es “una oportunidad perdida” para modificar la garantía solidaria entre organizador y agencia minorista comercializadora, que considera debe ser "menos onerosa" para el coste de los viajes para el viajero.
Coste de más de 150 millones
En esta línea, propondrá a los grupos políticos de las nuevas Cortes que salgan de las elecciones del 28 de abril, así como al nuevo Gobierno resultante de ellas, la tramitación de un proyecto de ley que elimine la garantía solidaria entre organizador y agencia minorista comercializadora que, según denuncia, “impone un innecesario coste de más de 150 millones de euros al año sin ninguna ventaja para los viajeros”.
Fetave recuerda, además, que tras la entrada en vigor del Real Decreto Ley, las garantías que los actuales decretos de las comunidades autónomas establecen para la actividad de agencias, no son exigibles a los viajes corporativos en el marco de un acuerdo entre agencias y empresas y en consecuencia, no son aplicables a las agencias exclusivamente dedicadas a viajes corporativos y asimilados.
Desde Fetave solicitan además que se haga de manera homogénea, tanto para viajes combinados o servicios de viajes vinculados, independientemente del tipo de compañía que las efectúe, sea plataforma digital, compañía de transporte, hotel, etc., incluyendo, además, las de estados no miembros de la UE, y en igualdad de condiciones.
Finalmente, solicita a las diversas formaciones políticas de las comunidades que consensuen la adaptación de sus regulaciones para que no sean objeto de modificación en caso de cambios de mayorías de gobierno tras las elecciones de mayo.
