Las asociaciones de agencias de viajes continúan dando la batalla para que el Gobierno modifique los aspectos más lesivos de la Ley de Viajes Combinados, un asunto que consideran prioritario en un contexto marcado por la pandemia, en el que las minoristas lamentan tener que afrontar garantías excesivas.

La gerente de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), Mercedes Tejero, asegura a AGENTTRAVEL que el secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, se comprometió el pasado 12 de febrero a modificar algunos puntos de la Ley sobre los que el Ejecutivo tiene competencia.

Aunque todavía no hay una fecha concreta para la aprobación de esta modificación, la gerente de CEAV espera que “sea a corto plazo” porque “daría ánimo a las agencias de viajes”. El aspecto cuya derogación más interés suscita es la doble garantía, que, según el Real Decreto Ley 23/18, obliga a organizadores y minoristas de viajes combinados a responder “de forma solidaria frente al viajero del correcto cumplimiento de los servicios de viaje incluidos en el contrato, con independencia de que estos servicios los deban ejecutar ellos mismos u otros prestadores”.

CEAV considera excesiva esta imposición y está negociando con la Secretaría de Estado de Turismo para que la responsabilidad se imponga por “ámbito de gestión”, es decir, que cada compañía se haga cargo de los servicios que presta.

“Una obligación excesivamente onerosa”

También la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave) lleva meses solicitando al Gobierno que elimine la responsabilidad solidaria de agencias y organizadores. Su presidente, Martí Sarrate, reclama, además, que en un escenario de pandemia “es fundamental” que no se exija a las agencia de viajes “reembolsar en un máximo de 14 días naturales la totalidad de los importes previamente abonados por los viajeros”.

“Es una obligación excesivamente onerosa cuando las circunstancias que han generado la cancelación son extraordinarias e inevitables y teniendo en cuenta que hay muchos proveedores que no cumplen con sus obligaciones de reembolso, principalmente, las aerolíneas”, añade.

En la línea de CEAV, Acave califica como “lógico” que la responsabilidad de la agencia frente al viajero se produzca “por ámbito de gestión” porque “son las organizadoras las que tienen la relación contractual y la capacidad de negociación con los proveedores”.

Alternativamente, Sarrate solicita que se exija a las aerolíneas “disponer de una garantía que cubra a los pasajeros su insolvencia” y que los organismos que velan por el cumplimiento de las obligaciones de las líneas aéreas dispongan de “mecanismos coercitivos” para evitar, por ejemplo, los problemas de tesorería que están generando en las agencias de viajes, al no hacer frente a los reembolsos.

La modificación, “con suerte” para verano de 2022

La Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes (Fetave) lleva años peleando para que se modifique la Ley de Viajes Combinados y parece que, por fin, ve un horizonte en este sentido. César Gutiérrez, su presidente, afirma que la Secretaría de Estado de Turismo les ha comunicado que están negociando con el Ministerio de Consumo y, si las conversaciones llegan a buen término, deberían “materializarse en un proyecto de ley que se enviaría a las Cortes para su aprobación, con suerte, para el verano de 2022”.

Gutiérrez reconoce que el “único cambio posible” dentro del ámbito de actuación del Ejecutivo español es la ya mencionada garantía solidaria. Un aspecto al que “no obliga” la Directiva de Viajes Combinados y que, en su opinión, “fue una decisión profundamente errónea y sin precedentes en ningún otro campo de actividad económica”. Para otras modificaciones, “sería necesario cambiar la Directiva” y la capacidad legislativa quedaría fuera de las Cortes Generales y las comunidades autónomas, al ser competencia de la Unión Europea.

Aunque la supresión de la garantía solidaria “no tendría efectos retroactivos”, según el presidente de Fetave, sí evitaría, a futuro, “que los afectados por un organizador de viajes concursado pudieran reclamar al comercializador y este, al no poder resarcirse sino en la masa de la quiebra, acabase siendo quien asumiese el coste”.

A su vez, supondría “una disminución de los costes de 165 millones anuales para el sector”, pues el doble aseguramiento supone “un 1,1% del total de la facturación de las agencias”, explica el presidente de Fetave, que considera que de ese porcentaje “el 0,55% es absolutamente innecesario”.