Los Veintisiete han logrado este viernes un acuerdo para establecer un código de colores para identificar los diferentes niveles de riesgo por coronavirus en las regiones de la Unión Europea, con un semáforo que las clasificará como verde, naranja o rojo; pero no han logrado consensuar qué medidas restrictivas deben aplicarse en cada una de estas zonas.
La última oferta de compromiso presentada a los embajadores en Bruselas ha logrado un “amplio apoyo” por parte de las delegaciones, lo que permitirá elevar el pacto al próximo Consejo de Asuntos Generales de la UE para su adopción formal el próximo martes, según ha informado la presidencia de turno de la UE que este semestre ocupa Alemania.
Esta mayoría, sin embargo, se ha formado sin el apoyo de media docena de países que se han abstenido o posicionado en contra del texto final, según han informado a Europa Press fuentes europeas.
España finalmente se ha sumado a la mayoría de países que sí han dado su apoyo al texto, a pesar de que durante la negociación pidió ir más allá en las medidas para cada zona y abogó por priorizar los test diagnósticos sobre las cuarentenas, una referencia que ha desaparecido del texto definitivo.
Flexibilidad para zonas naranja y roja
Finalmente, los Estados miembro están de acuerdo en que no se deberán aplicar restricciones a las regiones verde con menor incidencia de la pandemia, pero han evitado establecer medidas específicas para aquellas zonas de riesgo medio o elevado (naranja o rojo, respectivamente), como podrían ser la realización de test o la aplicación de cuarentenas.
Con ello, los Estados miembro se reservan la máxima flexibilidad para poder decidir en cada momento y en base a sus estrategias nacionales qué medidas aplicar en su territorio o qué condiciones exigir a los viajeros que reciben desde zonas en las que la pandemia tiene mayor prevalencia.
Será el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) quien deberá elaborar el mapa y actualizarlo semanalmente, a partir de la información que proporcionen los Estados miembro, a los que se pide que faciliten datos a nivel regional en la medida de lo posible.