El presidente de Ashotel, Jorge Marichal, ha defendido las viviendas vacacionales en el archipiélago canario dentro de la legalidad, instando a que estas cumplan “la misma normativa que el resto del sector” y que se respeten cuando su “existencia no signifique la destrucción de empleo y la pérdida de identidad de nuestros pueblos y ciudades”.
Esto ha manifestado el empresario en un artículo de opinión titulado ‘Turistas en nuestras casas y residentes en los hoteles’ en el que, frente al problema de vivienda en Canarias, Marichal ha criticado una presunta inoperancia por parte de la Administración, instando a los gobiernos insulares a aplicar regulación. “Si el mercado no se autorregula, como parece suceder, deben ser las administraciones las que pongan las medidas necesarias para paliar el problema”, ha afirmado.
Entre los factores que contribuyen al problema de la vivienda residencial en Canarias, ligado a las viviendas vacacionales, Marichal ha apuntado, por un lado, a los fondos buitres, recordando que durante la crisis financiera de 2008 a 2014, “compraron grandes bolsas de vivienda ejecutadas de los bancos, retirando una oferta del mercado para especular con ella”. “Solo saber que dos de cada diez viviendas en Canarias están vacías da que pensar”, ha asegurado el presidente de la patronal hotelera.
Por otro lado, “la vigente regulación canaria hace que prácticamente cualquier vivienda sea susceptible de destinarse a alquiler vacacional”, ha señalado Marichal, criticando a su vez que “si no hay planes generales urbanísticos, no hay suelo, y si no hay políticos diligentes, no hay planes generales”.
“Solo saber que dos de cada diez viviendas en Canarias están vacías da que pensar”
“Llevamos años asistiendo a un vergonzoso incremento de unidades que salen de la explotación turística, no para un uso privativo, que la ley permite a su legítimo propietario, sino para una explotación turística individual o colectiva no permitida”, recoge el artículo.
Concluyendo sobre este apartado, Marichal ha instado a las administraciones a trabajar en ello, juzgando que “de nuevo parece que la Administración no actúa o lo hace de forma insuficiente para atajar un problema que, si bien es difícil de eliminar, al menos no lo es de acotar, sancionando duramente a quién miente en una declaración responsable”.
Con todo ello, Marichal sugiere una regulación que trate a las residencias vacacionales de la misma forma que al resto del sector, en pro de una solución para “miles de personas en Canarias –mayoritariamente jóvenes–, que ven truncadas sus posibilidades de emprender un proyecto de vida independiente”, situación que además “se agrava con la actual inflación”.