El sector de las viviendas turísticas de Tarragona ha reclamado a la Generalitat 93 millones de euros en concepto de responsabilidad patrimonial ante la retirada de las licencias, según un comunicado de la Associació d'Apartaments Turístics (AAT) Costa Daurada i Terres de l'Ebre este miércoles.
La reclamación corresponde al impacto económico y patrimonial calculado por el sector, que considera que el Decreto Ley 3/2023 que anulará las licencias a partir de 2028 pone en riesgo el futuro económico de este tipo de alojamiento.
El presidente de la AAT de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre, Joan Calvet, ha afirmado que este Decreto los lleva a “una situación de incertidumbre que no es aceptable para ningún empresario ni trabajador del sector”, y ha destacado que se verían afectados centenares de puestos de trabajo.
Calvet ha dicho que estas políticas “se han aprobado sin consultar ni escuchar las necesidades del sector” y ha advertido que pueden suponer una pérdida de competitividad para toda la demarcación.
La asociación ha defendido una regulación más equilibrada y hecha con una perspectiva que garantice la oferta legal de viviendas de uso turístico y la continuidad de un sector “que genera puestos de trabajo y promueve el turismo de calidad”.
5.000 millones en Cataluña
El proceso de reclamaciones patrimoniales como oposición a la regulación de las licencias de pisos turísticos suma más de 5.000 millones de euros en toda Cataluña.
Lo han impulsado la Federació Catalana d'Apartaments Turístics (Federatur), la Associació Turística d'Apartaments Costa Brava-Pirineu de Girona (ATA), la Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona y la Associació d'Apartaments de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre.