Alojamiento

Baleares pedirá en Bruselas mayor exigencia a las plataformas ante el alquiler vacacional ilegal

El Govern cree que las autoridades territoriales deben poder sancionar a los portales que alberguen anuncios de oferta ilegal

Publicada 21/03/2023

8:59 horas

 - Actualizada 21/03/2023

13:26 horas

El ejecutivo balear considera que dichas empresas se están “beneficiando” de publicitar una actividad ilegal.

El ejecutivo balear considera que dichas empresas se están “beneficiando” de publicitar una actividad ilegal.

El conseller balear de Turismo, Iago Negueruela, y la consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores, Rosario Sánchez, se reunirán este martes en Bruselas con la directora europea de Turismo y Digitalización de Mercado Interior, Valentina Superti, para reclamar más exigencia a las plataformas digitales ante la oferta ilegal de alquiler turístico.

Baleares quiere que, con el nuevo reglamento que apruebe el Parlamento Europeo, las plataformas sólo puedan anunciar alquileres que tengan números de licencia inscritos en los registros oficiales, de manera que no se puedan publicitar alquileres ilegales.

El Ejecutivo isleño, que ya formuló alegaciones en este sentido, ve “lógico” obligar a que estas plataformas estén interconectadas a un sistema de registro: “No estamos pidiendo nada exagerado”. Para Negueruela, ese primer punto evitaría tener que llegar al segundo, el de las sanciones.

Y es que como ha argumentado Negueruela, la discusión no gira en torno a la legalidad del alquiler vacacional sino alrededor de la “responsabilidad jurídica” de estas plataformas como intermediarias en caso de incumplimientos. Al fin y al cabo, ha razonado el conseller, estas empresas se están “beneficiando” de publicitar una actividad ilegal.

Por ello, Baleares plantea que las autoridades turísticas competentes en el territorio puedan sancionar a las plataformas que alberguen anuncios de oferta ilegal, después de que el Tribunal Supremo tumbara en 2021 la multa de 300.000 euros impuesta por el Govern a Airbnb. “Que alguien publicite algo que un Estado dice que es ilegal parece un poco complicado de justificar”, ha apuntado.

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