El presidente gallego está en contra de la tasa turística, aunque reconoce que “es un derecho del Ayuntamiento imponerla y asumir las competencias”.
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha recalcado que está dispuesto a estudiar y “dar para delante” a la tasa turística que demanda el Ayuntamiento de Santiago “si procede” y “cumple con los condicionantes”. En todo caso, ha insistido en que, para ello, el gobierno que dirige Goretti Sanmartín debería remitir la documentación con el detalle de la propuesta.
Mientras la alcaldesa insiste en tener una reunión con el presidente, éste ha insistido en que cualquier regidor que quiera verle tiene “las puertas abiertas”, pero ha justificado priorizar a otros alcaldes que no se vieron con él en la anterior ronda de contactos. “Lo lógico es ir manteniendo reuniones periódicas, cuando toque esa periodicidad, tendremos esa reunión”, ha dicho, en relación a Sanmartín.
Y sobre la tasa turística, ha recordado que el gobierno local quedó en complementar la documentación. “Yo tengo mi opinión sobre la tasa turística (el presidente gallego ha defendido en público que no es partidario de esta vía), pero es un derecho del Ayuntamiento imponerla y asumir las competencias”, ha señalado.
En este sentido, ha indicado que, en su día, planteó “unos condicionantes que la alcaldesa aceptó”. “Mantengo mi compromiso de tramitar la propuesta para que sea una ley si se cumplen, pero lo más operativo sería disponer de la documentación”, ha defendido.
Moratoria de comercio
En su comparecencia posterior al Consello, también ha sido preguntado sobre la decisión de la junta de gobierno local de suspender durante un año las licencias y comunicaciones previas de actividad relacionadas con el turismo, la hostelería o el uso residencial en el casco histórico para estudiar cómo proteger el comercio de proximidad y fijar población en la zona vieja.
Al respecto, el presidente gallego ha asegurado desconocer el detalle de la propuesta, más allá del anuncio realizado por Sanmartín, y ha manifestado que, si la decisión “cumple la normativa”, la Xunta “tiene muy poco que decir”.
“El Ayuntamiento tiene capacidad y autonomía para hacerlo. Deberá asumir las consecuencias y explicarla, con lo que supone en términos de puestos de trabajo y riqueza. Supongo que todo esto está valorado por el equipo de gobierno”, ha zanjado.
