La horquilla de multas por esta cuestión que marca la ley varía desde los 40.001 euros en su franja más baja, hasta los 400.000 euros en la máxima.
El departamento de Turismo del Consell de Mallorca ha propuesto y notificado siete sanciones por valor de 80.000 euros cada una en un edificio de Palma dedicado al alquiler turístico ilegal.
En total, el importe de las sanciones propuestas asciende a 560.000 euros, al dedicarse a esta actividad sin disponer de licencia alguna para ello, según han informado este viernes en nota de prensa.
En concreto, el área de sanciones del departamento de Turismo ha iniciado estos expedientes sancionadores por infracción turística a siete pisos que se comercializaban en Palma, ubicados todos ellos en el mismo edificio.
El conseller insular de Turismo, José Marcial Rodríguez, ha mostrado su satisfacción por esta nueva actuación desarrollada por el servicio de inspección y de sanciones del departamento y ha recalcado que “la oferta ilegal, independientemente del sector en el que actúe, supone no solo una competencia desleal muy dañina para todos aquellos que hacen bien las cosas, que son la inmensa mayoría, sino un problema terrible para la convivencia, que se quiere erradicar”, al tiempo que se ha comprometido a “seguir actuando” en este sentido.
Rodríguez ha añadido que estas sanciones son fruto de un largo trabajo en el seno del departamento, que ha “cumplido escrupulosamente con todos los procesos administrativos”, y que ha permitido “tal y como marcan los plazos legales”, actuar de esta manera.
Cabe recordar que las sanciones que se proponen actualmente a quien realiza alquiler turístico ilegal en la isla son de 80.000 euros por cada inmueble detectado. La horquilla de multas por esta cuestión que marca la ley varía desde los 40.001 euros en su franja más baja, hasta los 400.000 euros en la máxima, y hasta ahora se estaban imponiendo por valor de 40.001 euros.
De esta forma, las propuestas de sanción que se están imponiendo actualmente a quien realice esta actividad de manera ilícita son por valor de 80.000 euros por vivienda, con el objetivo de disuadir a estas personas para que cesen en su actividad, y de proteger a los residentes y garantizar la seguridad jurídica de toda la oferta legal en el sector turístico.
