Alcántara cree que el decreto “destruye un sector regulado y normalizado de manera pionera”,
La Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona (Apartur) ha reclamado más de 4.280 millones de euros de responsabilidad patrimonial a la Generalitat por la eliminación de licencias de pisos turísticos, según ha explicado el presidente de esta entidad, Enrique Alcántara.
La cifra total de la reclamación ante el Decreto Ley 3/2023 que contempla la extinción de licencias, se ha trasladado a la Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, que tiene 6 meses para contestar, y corresponde a 7.200 pisos distribuidos entre propietarios y gestores en la provincia de Barcelona.
Alcántara cree que el decreto “destruye un sector regulado y normalizado de manera pionera”, con una contribución fiscal que sitúa en los 160 millones directos al año en impuestos a la administración pública, lo que ha dicho que es similar al presupuesto del Ayuntamiento de Barcelona en materia de vivienda.
Además, ha asegurado que esta medida elimina el 40% de las plazas turísticas de la ciudad. “No nos podemos permitir ferias ni grandes congresos”, advierten.
La cifra corresponde a los beneficios de los propietarios, pero también a las inversiones para la habilitación de los pisos y a las indemnizaciones que las empresas gestoras deberán abonar a los trabajadores que despidan, lo que el sindicato calcula en 5.000 personas entre personal de limpieza, lavandería y mantenimiento.
No se soluciona el problema de la vivienda
El presidente de la asociación ha destacado que los pisos turísticos representan el 1% de la vivienda en Barcelona, por lo que no cree que “cerrando estos 10.000 pisos turísticos vayan a solucionar el problema de la vivienda”.
Y ha propuesto una solución diferente: “Que la recaudación de la tasa turística de forma íntegra vaya a políticas de vivienda pública”.
Los representantes de Apartur, que todavía no se han reunido con el presidente de la Generalitat Salvador Illa ni con el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, creen que esta medida “crea una falacia de que el turismo es la crisis de la vivienda”, con lo que se camufla, ha dicho textualmente, la falta de propuestas para solucionarla.
El 16 de septiembre presentaron la primera cifra, por valor de 3.000 millones en Barcelona y de 7.000 millones en el conjunto de Cataluña, y este martes han elevado la cifra a 4.280 millones en Barcelona, pues no están contabilizadas el resto de demarcaciones ni todos aquellos pisos “que no han ido vía asociación”.
Pequeños tenedores
Alcántara ha afirmado que así se elimina del sector turístico a los pequeños propietarios y las pymes, y lo deja en manos de grandes tenedores, por lo que ha pedido a la Generalitat que integre a los pequeños tenedores en el debate del futuro del turismo en Barcelona.
El propietario de dos pisos turísticos en Barcelona, Toni Gragera, ha expresado su rechazo a las medidas propuestas y ha asegurado que con estas se queda sin pensión: “Reclamamos lo que nos hemos ganado”.
También ha dicho que con un piso turístico ante un alquiler regular gana tres veces más y se asegura “menos dolor de cabeza”.
