Los cambios en la normativa buscan luchar contra el fraude en las subvenciones a billetes aéreos de residentes.
El Gobierno, a través del Ministerio de Fomento, destina de media más de 320 millones de euros anuales a la bonificación del 50% de la tarifa aérea en el transporte aéreo doméstico regular para residentes en territorios no peninsulares, y ha iniciado un proceso de consultas con los gobiernos autonómicos para fijar mecanismos de cooperación de lucha contra el fraude en este tipo de ayudas.
Así figura en una respuesta por escrito del Gobierno, recogida por Europa Press, a una pregunta del diputado de En Comú Podem, Fèlix Alonso, sobre el descuento de residente en los billetes de avión para los ciudadanos de las Islas Baleares.
El Ejecutivo destaca que el nivel de bonificación está “garantizado por ley” y que, junto con otros mecanismos, como el establecimiento de rutas bajo obligación de servicio público, tiene por objetivo “garantizar la conectividad de las regiones extrapeninsulares, facilitando el acceso al transporte aéreo a todos sus ciudadanos”.
Dentro de las actuaciones destinadas a garantizar que las ayudas económicas al transporte aéreo, tanto de residentes como de miembros de familias numerosas, sean percibidas exclusivamente por sus beneficiarios, el Gobierno, a través del Ministerio de Fomento, ha establecido diversas actuaciones para luchar contra el fraude.
“Ninguna de estas iniciativas limita o cuestiona el porcentaje de bonificación aplicable a la subvención al residente”, sostiene el Ejecutivo.
Asimismo, defiende que la medida de aplicación de unos precios medios de mercado conforme al cálculo realizado por el Ministerio de Fomento, “lejos de perjudicar a la ciudadanía, beneficiaría a los residentes y al conjunto de la sociedad, al limitar el fraude e impedir los posibles abusos que pudieran cometerse fijando precios artificialmente altos para lucrarse de la subvención, mediante contratos o acuerdos comerciales no accesibles al público en general”.
Consultas con gobiernos autonómicos
Fomento ha iniciado un proceso de consultas con los gobiernos autonómicos para solventar las dudas que han planteado acerca de esta medida y establecer mecanismos de cooperación en la lucha contra el fraude, que afectaría al 3% del total de los billetes que se emiten.
“El planteamiento de la tarifa plana en el transporte aéreo de las regiones no peninsulares es una cuestión completamente independiente y no se ve afectada en modo alguno por las cuestiones referidas anteriormente”, añade el Gobierno en su respuesta a la pregunta del diputado de En Comú Podem.
De hecho, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ya se ha reunido en Canarias con el presidente canario, Fernando Clavijo, y en Baleares con la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, con quienes ya ha tratado este asunto.
Canarias reclama la subida del descuento de residente al 75% y que el Gobierno central vuelva a asumir el 50% del descuento a residentes en el transporte marítimo, ya que, en la actualidad solo financia el 25% (y el otro 25% lo asume la Comunidad). Por su parte, Baleares reclama el establecimiento de una tarifa plana interislas.
Lucha contra el fraude
La modificación en la normativa que regula los descuentos de los billetes a residentes y grupos se aplazará “al menos hasta el 26 de marzo”, según informaron fuentes de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) a Europa Press.
Fomento decidió aplazar la entrada en vigor de la Ley de Subvención del Residente, prevista para el 1 de enero próximo, tras aprobarse la resolución de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) en la que se establece los precios de mercado aplicables.
Los cambios en la normativa buscan luchar contra el fraude en las subvenciones a billetes aéreos de residentes poniendo un límite al importe de la subvención aplicada y, en particular, a la emitidas en los contratos corporativos y con tarifa turoperador, así como reservas a grupos.
La medida responde a las peticiones realizadas desde las agencias de viajes que consideraban que actualmente los sistemas no permitían una aplicación correcta de la normativa. En concreto, la Confederación, la Agrupación Empresarial de Agencias de Viajes de Baleares, la Asociación de Agencias de Viajes de Fuerteventura, Gran Canaria y Lanzarote y la Asociación Provincial de Agencias de Viajes de Tenerife venían presionando para su aplazamiento.
