Un Juzgado de Instrucción de Palma ha comenzado la investigación para esclarecer el presunto fraude en cientos de reclamaciones de turistas a hoteles de Mallorca.
En particular, la investigación ha comenzado con una denuncia ante Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) por parte de una cadena de hoteles, Mac Hotels.
En la denuncia, el hotel ha aportado pruebas como fotografías, grabaciones de audio, vídeos y abundante documentación, reunidas a lo largo de seis meses tras contratar a un grupo de detectives. En este proceso aseguran haber identificado a cientos de turistas que han reclamado.
Los huéspedes del hotel son mayoritariamente turistas británicos que visitan la Isla en la modalidad de todo incluido, según ha explicado la abogada Carolina Ruiz, del despacho Monlex Hispajuris, que asiste a la compañía en este proceso.
El hotel detectaba reclamaciones excesivas desde hacía años por supuestas intoxicaciones alimentarias. Como ha detallado Ruiz, la legislación británica permite reclamar desde Reino Unido a través del turoperador, incluso habiendo pasado dos años, sin necesidad de presentar justificante o pericial médica.
A continuación los turoperadores abonan la indemnización al consumidor y después la descuentan al hotel, de forma que es éste quien finalmente paga “sin haber podido defenderse”, ha protestado Ruiz. Los detectives contratados por el hotel finalizaron su investigación en agosto del año pasado y en diciembre formalizaron la denuncia ante la UDEF.
Delito de fraude y estafa
El hotel apunta que los hechos podrían ser constitutivos de delitos de fraude y estafa ya que se utiliza el engaño para conseguir un lucro económico. Además, la letrada sostiene que están implicados despachos de abogados británicos que captan a potenciales clientes tanto través de redes sociales como físicamente –mediante personas que merodean por las inmediaciones del hotel–.
Según Ruiz, los abogados británicos proponen a los turistas plantear estas reclamaciones y a cambio se llevarían alrededor de un 60% de la indemnización, generalmente de entre 7.000 y 8.000 euros.