El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha advertido a la aerolínea Ryanair que tiene la obligación de consignar el 75% en los vuelos a la Península y ha avisado de que no dar esa facilidad es “un hecho sancionable”.

El ministro, que visitó este lunes la isla de La Palma, ha hecho esta advertencia en declaraciones a los medios a raíz de que la aerolínea low cost no esté aplicando el descuento del 75% en su página web.

José Luis Ábalos ha anunciado que la Dirección General de Aviación Civil ya se ha puesto en contacto con la compañía para que explique qué problema tiene y advertirles del riesgo que incurre no facilitar la tramitación de la bonificación.

La asociación de consumidores Facua ha denunciado a Ryanair por eliminar durante el fin de semana y la mañana de este lunes la opción del 75% de descuento para los residentes extrapeninsulares en la compra de sus billetes.

El equipo jurídico de la asociación asegura estar ultimando un escrito contra la aerolínea dirigido a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), dependiente del Ministerio de Fomento, por incumplimiento de la legislación española vigente.

La asociación ya reclamó en julio a la Administración que abriera un expediente sancionador contra Ryanair por incumplimiento de la normativa española vigente tras comunicar el pasado lunes 16 de julio a través de su página web que no podía aplicar el descuento del 75% hasta el martes 17 de julio, cuando tendría que haberlo aplicado ese mismo lunes.

Recurso de USO

Los servicios jurídicos de USO, uno de los sindicatos que representan a los tripulantes de cabina (TCP) de Ryanair en España, han registrado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional un recurso contra los servicios mínimos que estableció Fomento durante la huelga que convocaron el 25 y 26 de julio por considerarlos “abusivos”.

El sindicato concreta que han interpuesto un recurso contencioso-administrativo especial para la protección de los derechos fundamentales de la persona contra la resolución de 19 de julio de 2018 que estableció el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, por “lesionar” el derecho de huelga, que también debían tutelar.

Los servicios jurídicos de USO inciden en el escrito de recurso en que la jurisprudencia de la propia Audiencia Nacional, en el caso de los servicios mínimos no indica, en principio, que ninguna actividad por sí misma sea esencial, y que ambos derechos, el de prestación de servicios y el de huelga, deberían haber sido ponderados, en lugar de prevalecer únicamente el de prestación del servicio.

Además, el sindicato argumenta que se debió tener en cuenta la cancelación previa por parte de Ryanair de 418 vuelos entre islas y península y no hacer recaer la obligación de asegurar el derecho de circulación únicamente sobre los trabajadores en huelga, lo que para USO “supone vaciar de contenido el propio derecho de huelga”.

Quebrantamiento de la normativa

“Incluso hay un quebranto en el derecho de huelga al incluir en dichos servicios mínimos a vuelos con base fuera de España, que ni siquiera iban a estar operados por trabajadores españoles”, explica Ernesto Iglesias, responsable de Vuelo de USO Sector Aéreo.

Entre otros de los motivos aducidos en el recurso, el responsable de USO resume algunos, como que la resolución hace referencia al personal necesario de tripulantes de técnicos de vuelo en lugar de tripulantes de cabina y pasajeros, que era quienes iban a la huelga.

También habla de vuelos de carga, cuando Ryanair nunca los realiza. Y, un aspecto que consideran “muy grave”, que es el dejar en manos de la empresa establecer el servicio de “imaginarias” (guardias), lo que provocó que la aerolínea llamase a todos los tripulantes de cabina y pasajeros disponibles, algo que según USO está “fehacientemente documentado por la Inspección de Trabajo en sus visitas a las bases”.