Existen 12.800 licencias de VTC en España, la mitad de ellas en Madrid.
Las empresas de vehículos de alquiler con conductor (VTC), las que dan servicio a plataformas como Uber y Cabify, tienen de plazo hasta el próximo lunes, 31 de diciembre, para presentar reclamaciones al Ministerio de Fomento por el Real Decreto aprobado en septiembre que abre la puerta a que dentro de cuatro años se supriman licencias de este tipo de transporte urbano.
Así se establece en el propio texto de la norma, que el Gobierno aprobó para atajar el conflicto abierto entre este tipo de transporte y el taxi.
El Real Decreto estableció un plazo de tres meses y los pasos a seguir para el caso de que los propietarios de las alrededor de 12.800 licencias de VTC actualmente vigentes en el país consideren que la moratoria de cuatro años que se les otorga antes de su eventual supresión no sea suficiente para amortizarlas y presentar una reclamación.
No obstante, el texto fija que, en el supuesto de que estas reclamaciones se acepten y se reconozca una indemnización, no se abonará en forma de compensación económica, sino en tiempo, esto es, mediante la concesión de un máximo de dos años adicionales de operación a los cuatro reconocidos por la ley.
Los titulares de VTC deben dirigir sus reclamaciones, con la correspondiente justificación y documentación, ante la Dirección General de Transportes de Fomento, que cuenta con seis meses para resolverlas.
Norma “blindada jurídicamente”
La resolución de la Dirección General de Transportes pondrá fin a la posibilidad de reclamar por vía administrativa, si bien Fomento no descarta recursos judiciales, a pesar de asegurar que el Decreto está “blindado jurídicamente”.
Además, el Real Decreto se tramita actualmente como proyecto de ley en el Congreso y, por lo tanto, está abierto a modificaciones.
Precisamente, uno de los motivos que llevó a que el texto se tramitara como ley es la inquietud manifestada por varias comunidades autónomas ante la posibilidad de tener que afrontar reclamaciones millonarias de los VTC.
No obstante, Fomento considera que la moratoria de cuatro años que esta nueva legislación da a los VTC antes de que los ayuntamientos puedan restringir su número de vehículos es “suficiente para amortizar las licencias”.
Además, argumenta que las licencias “ni se suprimen ni se expropian, sólo cambian sus condiciones y siguen existiendo para dar servicio interurbano o solicitar las nuevas licencias urbanas”.
En virtud del Real Decreto Ley, en cuatro años las actuales 12.800 licencias de VTC que existen en España, la mitad de ellas en Madrid, dejarán de estar habilitadas para realizar transporte urbano, su principal negocio y en el que compiten con el taxi.
No obstante, los ayuntamientos que quieran seguir contando con este tipo de servicio en sus ciudades puedan hacerlo, si bien fijarán su número mediante la concesión de una nueva licencia urbana específica.
