Las asociaciones señalan que son las empresas, a título individual, las que deben interponer las reclamaciones.
Las agencias de viajes llevan preguntándose desde el confinamiento si existe la posibilidad de elevar reclamaciones patrimoniales contra el Estado por los daños sufridos durante el Estado de Alarma. La respuesta es afirmativa –aunque otra cuestión muy diferente son las posibilidades de prosperar que tiene una petición de estas características– y muchas están valorando si comenzar este proceso.
La Ley Orgánica 4/1981 que regula los estados de alarma, excepción y sitio, es clara cuando afirma que “quienes como consecuencia de la aplicación de los actos y disposiciones adoptadas durante la vigencia de estos estados sufran, de forma directa, o en su persona, derechos o bienes, daños o perjuicios por actos que no les sean imputables, tendrán derecho a ser indemnizados de acuerdo con lo dispuesto en las leyes”.
Ante esta tesitura, el grupo de gestión Avasa encargó recientemente un análisis de viabilidad sobre las potenciales reclamaciones a su asesoría jurídica, que ya ha puesto a disposición de sus asociados. “Conseguimos dar una respuesta profesional y aclarar las posibilidades reales que existen, antes de que cualquier agencia asociada tomara alguna decisión al respecto”, explica a AGENTTRAVEL el director general de la compañía, Carlos López Bahillo.
Para iniciar el proceso, las agencias deben “presentar un escrito motivado al Gobierno de España, exponiendo los hechos y fundamentos de derecho en la que base la pretensión indemnizatoria”, explica Bahillo. La única forma de certificar las pérdidas es, según el directivo, a través de un documento “emitido por un economista” que establezca “una comparativa sobre la caída de ingresos”, al tiempo que cuantifica el daño y explica “la relación entre este y las medidas acordadas en el Estado de Alarma”.
En cualquier caso, las posibilidades de éxito de una reclamación de estas características son difíciles de determinar. “Hay probabilidades de que los jueces entiendan que la manera de gestionar la pandemia durante el estado de alarma resultaba imprevisible y las medidas inevitables, lo que excluiría de responsabilidad patrimonial al Estado y con ello el derecho a ser indemnizado”, añade Bahillo.
Coincide con este punto de vista el presidente de la Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes Españolas (Fetave), César Gutiérrez, quien da por sentada “la desestimación de la reclamación en la vía administrativa” y asegura que “es muy probable que la demanda sea igualmente rechazada en la vía judicial”.
“Dejando sentado que el Estado no es responsable de la aparición del coronavirus la pregunta a responder es simple. ¿Podría haber adoptado otras medidas diferentes? No parece que en derecho comparado con otros países sea así, porque está fuera de duda que es el contacto entre personas el que genera la difusión de la pandemia”, explica Gutiérrez.
Dado que consideran que las reclamaciones tienen pocas opciones de prosperar y teniendo en cuenta, según Gutiérrez, que “la demanda es individual de cada agencia y, por ello, serán éstas quienes deban asumir, en su caso, los costes del proceso que, en su caso, pudieran darse”, Fetave no recomienda a sus asociados que se embarquen en este proceso.
“Existe un riesgo real de desistimiento”
El presidente de la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave), Martí Sarrate, también se muestra cauto y hace hincapié en que se trata de “una cuestión sobre la cual no hay jurisprudencia” y considera que “existe un riesgo real de desistimiento, que podría conllevar una condena en costas y un mayor perjuicio para las agencias”.
Todas las asociaciones consultadas reconocen que la decisión de interponer una reclamación contra el Estado la debe tomar cada agencia a título individual. “Nosotros hemos informado a nuestra red de agencias de las posibilidades que hay y los trámites que necesitan cumplir pero insisto en que el hecho de proceder o no, es una decisión que corresponde a cada una de las empresas que quieran acometer esta reclamación”, sostiene el presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), Carlos Garrido.
Su homónimo en la Unión Nacional de Agencias de Viajes (UNAV), José Luis Méndez, afirma que no descartan “ningún escenario”, pero es necesario “reflexionar serenamente” sobre la pertinencia de estas reclamaciones. Destaca, eso sí, “que los ´paquetes´ de ayudas adoptados son a todas luces insuficientes”, en comparación con las pérdidas que “ha acarreado el estado de alarma, el cierre de fronteras y los confinamientos perimetrales”, que cifra en más de 100.000 millones de euros.
También en el ámbito hotelero presentan reticencias sobre las reclamaciones patrimoniales. “No va a ser una tarea ni sencilla ni fácil de ganar en los tribunales”, admite la secretaria general de la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunidad Valenciana (Hosbec), Nuria Montes. La asociación, de momento, ha optado por “primar la negociación con el Gobierno, que lleguen los programas de ayudas y que se prepare un plan de rescate para el sector hotelero porque va a ser necesario”.
