La Federación Catalana de Apartamentos Turísticos (Federatur) está estudiando emprender medidas legales ante el Decreto Ley anunciado este martes por la consellera de Territorio de la Generalitat, Ester Capella, que obligará a los pisos turísticos a contar con una licencia urbanística que se debe renovar cada cinco años.
En un comunicado, la patronal ha dicho que instará a los partidos políticos a llevar al Tribunal Constitucional (TC) el Decreto Ley, y ha asegurado que reclamará a los ayuntamientos indemnizaciones por valor de 4.000 millones de euros.
Ha lamentado que la nueva normativa “podría resultar en la eliminación del 80% de las viviendas turísticas” en los próximos cinco años y que según el actual redactado, hasta 80.000 propietarios podrían reclamar indemnizaciones.
“Populista”
El presidente de la entidad, David Riba, ha criticado al Govern por “legislar en clave populista” y ha dicho que estos alojamientos representan el 40% de la oferta turística de Catalunya.
La organización ha calificado la norma de “precipitada, contraria a derecho y de nula efectividad” y ha reclamado que cualquier modificación normativa se haga en el marco de un proceso parlamentario transparente en el que participen expertos independientes.