La Secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, aseguró este martes, ante las críticas del sector turístico respecto al nuevo registro de viajeros que entrará en vigor el próximo 2 de diciembre, que “no hay que hacer una bola enorme” de un proceso de adaptación, “similar a los muchos que hemos vivido en nuestro país” y de los cuales “siempre hemos salido con resultados brillantes”.

Precisamente, este mismo martes la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) ha anunciado que está trabajando con expertos legales para evaluar las opciones judiciales disponibles, con el objetivo de impugnar el Real Decreto debido “a la falta de respuestas por parte del Gobierno y el impacto negativo que esta normativa supondrá para el sector hotelero y los propios viajeros”.

La patronal hotelera denuncia que el Ejecutivo ha ignorado todas las peticiones de diálogo y aclaración, tanto de Cehat como de asociaciones turísticas internacionales.

“A pesar de las reiteradas advertencias sobre las graves repercusiones que tendrá este reglamento, el Gobierno no ha ofrecido soluciones ni ha emitido la prometida orden ministerial para aclarar su implementación”, lamenta la patronal.

Desde la Secretaría de Estado de Turismo se asegura que en todo momento ha habido “un proceso de diálogo con el sector privado y con el sector público para mejorar la aplicabilidad de la norma”.

“Hay que poner en valor que la seguridad es un atributo fundamental de nuestro sector turístico, que tanto el sector privado como el sector público estamos interesados en preservar”, explicó Sánchez.

En su opinión, lo más importante es preservar España como un destino turístico seguro (tanto para residentes como para visitantes) y además “no aumentar la carga burocrática que tenga el sector”.

“Y en eso se ha basado el diálogo que ha habido y que hay vivo con el sector: que no suponga recoger más datos de los que ya tienen que recoger por su propia operativa. Y de esto van las conversaciones que se tienen con el Ministerio de Interior. Nosotros hemos ayudado con el Ministerio de Interior para hacer esta interconexión con el sector, y se va a seguir trabajando”, explicó.

A la salida de la presentación del ‘2º Informe sobre el nivel de digitalización de las pymes turísticas en España’ la secretaria de Estado confirmó en declaraciones a los medios de comunicación que el día 2 de diciembre entra en vigor la norma, que ya lleva tres prorrogas, y que a partir de ese momento se seguirá trabajando para que la adaptación sea la mejor para el sector “y que no suponga ni muchísimo menos una pérdida competitividad”.

Impacto en viajeros y empresarios

Cehat denuncia que el nuevo reglamento no sólo afecta negativamente a los turistas internacionales, sino también a los ciudadanos españoles que hacen uso de hoteles y alojamientos en sus desplazamientos dentro del país. “Estos deberán enfrentarse a trámites administrativos más complejos y tediosos, comprometiendo su experiencia de alojamiento”, argumenta.

Además, los hoteleros se quejan de que se verán obligados a cumplir “una normativa confusa y desproporcionada y que vulnera varias directivas europeas relacionadas con la protección de datos y los sistemas de pago”.

 Desde la Secretaria de Estado se insiste en que “hay que ser muy rigurosos en las declaraciones y en los análisis que se hagan” y “leerse bien la norma”. En este punto indicó por ejemplo que se había dicho que la norma pedía conocer la relación familiar entre las personas que se alojaban en el establecimiento cuando lo que realmente se pide es la relación familiar cuando uno de ellos es menor de 14 años “lo cual parece bastante razonable”.

“Hay que bucear en los diferentes elementos de la norma. El mundo no se acaba el día 2 de diciembre y se va a seguir avanzando para que la adaptación sea de la mejor manera posible para el sector en su conjunto. Es el interés de todos. Las fricciones que puedan salir son las que siempre salen en cualquier cambio que se introduce “, explicó Sánchez.

Importantes multas

Los hoteleros alertan que el incumplimiento de esta normativa europea puede acarrear importantes multas a las empresas muy superiores a las propias sanciones por no cumplir el Real Decreto del Ministerio del Interior, exponiéndose a sanciones de hasta 30.000 euros si no logran adaptarse a tiempo.

Desde la secretaria de Estado se asegura que esas posibles multas no corresponde a la Secretaria de Estado de Turismo sino que son “determinaciones de otro ministerio”. 

“No creo que tengamos que hacer una bola enorme de un proceso de adaptación, de los cuales hemos vivido muchos cambios en nuestro país y siempre hemos salido como sector en su conjunto, con resultados brillantes en el desarrollo de una industria que es fundamental para nuestro país y de la cual todos somos conscientes”, concluyó en declaraciones a los medios.