El Ministerio de Interior ha hecho oídos sordos ante las peticiones de las agencias de viajes.
El Ministerio de Interior ha confirmado este miércoles que no habrá más prórrogas en cuanto la aplicación del Real Decreto 933/2021 por lo que entrará en vigor el próximo 2 de diciembre. Ante esta situación las patronales de agencias de viajes no se van a quedar de brazos cruzados y ya han anunciado que tomar las medidas que sean necesarias en defensa de sus asociados.
Mercedes Tejero, gerente de CEAV ha confirmado que van a continuar con sus planteamientos jurídicos, tanto sobre la exclusión de las agencias de viajes, como en el MICE y los viajes en grupo.
En el primer caso, se considera jurídicamente defendible la exclusión de las agencias, ya que la Ley Orgánica de la que emana el RD no las incluía, según CEAV: se entiende que la inclusión de las agencias y de viajes y operadores turísticos del ámbito de aplicación del RD 933/2021 vulnera principio de jerarquía normativa, al no mencionarse ni a intermediarios ni a las agencias de viajes ni a operadores turísticos en el artículo 25 de la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana de la que emana dicho Real Decreto.
Asimismo, la confederación considera que la no exoneración de las agencias de viajes puede ir en contra del efecto que se persigue, mejorar la seguridad, al darse situaciones continuas de traslado de información “duplicada o triplicada”, lo que “puede provocar la saturación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”.
En los casos del MICE, CEAV entiende que existen argumentos para defender que estas actividades no están sujetas a dicho RD, habida cuenta de que en la definición, tanto de las actividades de hospedaje como en las de alquiler de vehículos a motor sin conductor, se menciona a los operadores turísticos que intermedien entre las empresas dedicadas, respectivamente, a hospedería o a alquiler de vehículos y los consumidores.
“Por tanto, los clientes de servicios de viaje de MICE y corporativo, que viajan en todo con motivo de su actividad comercial, está claro que no son consumidores de acuerdo con la definición establecida por el artículo 3.1 del Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes complementarias”, ha defendido la asociación.
Una vez más, CEAV insiste en una nueva moratoria, hasta que se desarrolle una orden ministerial que “incluya las reivindicaciones del sector y que reduzca los datos a aportar”, y en la que conste expresamente la mención de exclusión de actividades como el corporativo y MICE, grupos y la actividad receptiva en general y, especialmente, con agencias de viajes y turoperadores extranjeros.
Acave, UNAV y Fetave: estudian acciones legales
Por su parte las patronales Acave, UNAV y Fetave han comunicado conjuntamente que ya están estudiando acciones legales contra el Real Decreto 933/2021 o nuevo registro de viajeros, ya que consideran que “vulnera la normativa europea de protección de datos por la cantidad de datos sensibles y personales que exige recabar a las empresas”.
Sobre el anuncio de una orden ministerial, que será sometida a una audiencia pública de dos semanas, las asociaciones consideran “altamente improbable” que excluya la obligación de comunicar nuevos datos de carácter personal “tan sensibles” como los datos de tarjetas de crédito de los turistas.
En un comunicado, han destacado que durante el proceso de tramitación del Real Decreto, tanto la Comisión Europea como la Agencia Española de Protección de Datos ya emitieron sendos informes en los que advertían de que muchas de las cuestiones no se ajustaban a la normativa vigente, emplazando al Ministerio a realizar cambios.
En palabras de este departamento, en todo el proceso de elaboración y aprobación del decreto, ha respetado el principio de transparencia y eficiencia al haber contado con la participación de los destinatarios y quedar los objetivos de la regulación claramente definidos tanto en el preámbulo de la norma como en la memoria, sin que “se hayan incluido cargas administrativas innecesarias o accesorias”.
También ha argumentado que el proyecto fue analizado por el Consejo de Estado, que en su informe concluye que “nada tiene que oponer a la regulación que se propone, la cual supone una correcta adaptación de la regulación normativa sectorial sobre la que se actúa”.
Ninguneo por parte del Ministerio de Interior
Por otra parte, todas las patronales de agencias de viajes han denunciado el ninguneo del Ministerio de Interior ante las demandas de las agencias de viajes que se ha negado a reunirse con ellos.
“Desde CEAV vemos con inquietud y gran preocupación la postura tanto del Ministerio de Interior como de la Secretaría de Estado de Turismo ya que están hablando de que han tenido un contacto continuo con el sector y confirmamos que esto no ha sido así”, afirma Mercedes Tejero.
Además, la gerente de CEAV denuncia que se han tenido que enterar por los medios de comunicación de los planteamientos del Ministerio “a pesar de los continuos intentos infructuosos de contacto por parte de la confederación”.
Ante esta situación, y mientras la normativa no se modifique, Acave, Fetave y UNAV han anunciado que continuarán llevando a cabo su campaña para movilizar a la opinión pública el impacto del decreto.
“Para estas asociaciones es importante concienciar a la opinión pública y a los viajeros de la gravedad de esta normativa, ya que resultarán los grandes perjudicados de la puesta en marcha de la disposición, pues habrán de confiar más de 40 datos para reservas de alojamiento y más de 60 para las de alquiler de vehículos”, han explicado en un comunicado.
En consecuencia, los tres máximos mandatarios de cada patronal han pedido nuevamente la suspensión del registro y que Interior acepte revisar, en diálogo con el sector turístico, las obligaciones de dicha norma, tal como solicitó el Congreso de los Diputados, a fin de excluir a las agencias de viajes de la aplicación de “esta incomprensible normativa y que resulta de imposible cumplimiento”.
