El Consell ha aprobado el marco para ceder a los ayuntamientos la inspección, sanción y recaudación de viviendas turísticas.
La consellera de Turismo, Marián Cano, ha avanzado este viernes que la Generalitat Valenciana iniciará en enero el proceso para dar de baja a más de 34.000 viviendas de uso turístico de su registro, al no constar sus datos esenciales y documentación preceptiva, y ha pronosticado que “probablemente acabarán casi todas ellas cerrando”.
Así lo ha manifestado durante su comparecencia en Les Corts, donde ha asegurado el compromiso del Consell de “acabar con el turismo irregular” y la apuesta por “un turismo reglado y sostenible”.
Cano ha afirmado, en su réplica a la oposición, que durante el mandato del Consell del Botànic el número de viviendas turísticas “se incrementó un 160%, entre 2015 y 2023”, y que este crecimiento tuvo lugar además “sin normativa adecuada” y con “un registro en el que no había ningún control sobre aquellos establecimientos que no contaban con los datos y documentos esenciales, que imponía la propia Ley de Ocio y Hospitalidad de 2018, aprobada por el tripartito de izquierdas”.
Frente a ello, ha destacado que el actual gobierno autonómico ha aprobado “una normativa consensuada con el sector, que encuentra el equilibrio entre todas las partes”. Se ha referido así al decreto Ley 9/2024, de 2 de agosto, de modificación de la normativa reguladora de las viviendas de uso turístico. En ella se da de plazo hasta finales de año para que esta tipología de vivienda aporte la referencia catastral, entre otras.
En esta línea, según ha detallado la Conselleria que dirige Cano, ahora se depurará buena parte del registro de viviendas turísticas de la Comunidad Valenciana, que ya había llegado hasta las 101.205 viviendas a fecha de 18 de diciembre de 2024. 47.159 viviendas de las más de 100.000 que componían el registro no contaban con datos esenciales y preceptivos y que la nueva normativa aprobada el mes de agosto ha obligado ahora a revisar.
En los últimos meses, desde Turismo, se ha realizado “un enorme esfuerzo de gestión” para abrir varios procedimientos extraordinarios y regularizar la situación de este parqué de vivienda con carácter previo a la migración. Se ha contactado con más de 1.400 empresas gestoras de viviendas de uso turístico en la Comunidad Valenciana, informándoles de la situación, y se ha desarrollado un proceso simplificado y excepcional para completar los datos esenciales.
Para ello se han remitido 22.000 comunicaciones a titulares de viviendas, y organizado un operativo para su gestión y atención de consultas. De esta manera, se han podido completar los datos esenciales de aproximadamente 12.700 viviendas de uso turístico, el 12,5 % de las inscritas.
Con todo, a principios de año se contará con un registro depurado del parque de vivienda turística que está activo. Esta tipología de alojamiento tendrá que renovar cada cinco años la licencia, y esta se tendrá que volver a solicitar en caso de que se produzca una operación de compraventa o cambio de propietario.
“Contra todo esto”, ha indicado la consellera, “votaron en contra PSOE y Compromís, al igual que contra exigir a las nuevas viviendas registradas que acrediten que las comunidades de vecinos no habían prohibido su actividad, que se mejoren las condiciones de habitabilidad y de calidad de este subsector o dar a los propietarios instrumentos para echar a los inquilinos molestos”.
Asimismo, el Consell ya ha aprobado el convenio marco con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias que permitirá ceder a los ayuntamientos que así lo requieran las competencias en materia de inspección, sanción y recaudación de viviendas turísticas, mientras que, paralelamente, se ha reforzado la inspección desde el Gobierno valenciano, con un incremento de inspecciones del 34% en 2024.
