El pleno del Parlament ha aprobado este martes, con el voto en contra de PP y Ciudadanos el Impuesto sobre Estancias Turísticas de Baleares y de Medidas de Impulso de Turismo Sostenible, que comenzará a aplicarse en las islas el próximo 1 de julio.
Este impuesto supondrá una tasa diaria de entre 0,25 y 2 euros para los visitantes mayores de 15 años que se alojen en establecimientos reglados y para los cruceros, con lo que el Govern prevé recaudar anualmente entre 50 y 80 millones de euros.
El gravamen ha contado, de esta manera, con el voto a favor de PSIB, MÉS per Mallorca, MÉS per Mallorca, Gent per Formentera, PI -en algunos puntos- y , finalmente, Podemos, que, tras las intensas negociaciones llevadas a cabo durante las últimas semanas ha votado junto a los partidos del Pacte, pese a que el partido liderado en Baleares por Alberto Jarabo ha rechazado que la recaudación se vaya a destinar a infraestructuras como las residencias, votando, así, en contra del deseo del Ejecutivo balear.
Durante su intervención, Jarabo, quien ha dicho no comprender que el PP se convierta en el “defensor de los hoteleros”, ha admitido que el impuesto no será una "verdadera ecotasa", por lo que no se ha conseguido el objetivo de las asociaciones ecologistas, y que tampoco se podrán cumplir "todas las expectativas" de Ibiza, Menorca y Formentera. "Podemos es consciente de la necesidad de Justicia y de un verdadero reparto equitativo", ha añadido al respecto.
PP y C´s, en contra
Los grupos que se han mostrado en contra del gravamen, PP y Ciudadanos, han considerado que el impuesto perjudicará la temporada baja y "no mejorará la competitividad de Baleares", ha manifestado el diputado ‘popular' Álvaro Gijón.
Además, Gijón ha opinado que la comisión que decidirá a qué proyectos destinar la recaudación “difícilmente va a ser operativa”.
El PP y Ciudadanos también han defendido que el impuesto empiece a aplicarse el 1 de enero de 2017.
Así, el portavoz parlamentario de C’s, Xavier Pericay, ha considerado que “lo suyo" sería que su ejecución empezase el próximo año, mientras que Gijón ha criticado que el Govern no haya querido hacerlo así "porque ya lo habían metido en los Presupuestos”.