La Comisión Europea ha anunciado este lunes que las principales empresas de alquiler de automóviles –Avis, Europcar y Hertz– se han comprometido a mejorar la transparencia sobre los precios de reservas en sus páginas web de aquí al inicio de 2020, unos requisitos que se comprometieron a cumplir hace casi dos años.
“Gracias a nuestra presión, los consumidores no tendrán más sorpresas desagradables cuando acudan al mostrador de la oficina de alquiler de coches”, ha asegurado la comisaria responsable de Justicia y Protección al Consumidor, Vera Jourova, al anunciar el acuerdo en un comunicado.
Dos competidoras, Enterprise y Six, ya cumplen con las normas comunitarias, según el informe de evaluación presentado este lunes por Bruselas, mientras que el resto lo hará en próximas fechas: Avis, de aquí a mayo; Europcar (que ahora incluye Goldcar), a más tardar en junio; y Hertz, antes de que acabe el primer trimestre de 2020.
Entre los cambios que deberán cumplir destaca incluir todos los gastos suplementarios en el precio total de la reserva, de modo que se asegure que se ofrece al consumidor un precio global en la web que corresponda al precio final que tendrá que pagar.
Describir los servicios de alquiler
Esta tarifa debe incluir todos los costes adicionales, como las tarifas específicas por el servicio de combustible, las tasas aeroportuarias, los recargos por conductor joven o las tarifas ‘solo ida’ si el lugar de devolución del vehículo difiere del lugar de recogida, según ha explicado Bruselas en un comunicado.
También tendrán que describir claramente los servicios de alquiler con todas las condiciones en todas las lenguas de los Estados miembro, para evitar que los usuarios reciban información confusa o engañosa sobre las principales características del alquiler, como el kilometraje cubierto, las normas sobre combustible, la política de cancelación o los requisitos de depósito.
Finalmente, deberán dejar claro en la oferta el precio y los detalles de los extras opcionales, en particular en el caso de las exenciones de seguro que reducen el importe debido en caso de daños.
Si las empresas no cumplen el calendario prometido a Bruselas, las autoridades nacionales responsables de la protección de los consumidores podrán adoptar medidas para obligarles a responder al compromiso.