La posibilidad de implantar una tasa turística es un debate que aflora cada cierto tiempo y sobre todo cuando las cifras turísticas son halagüeñas. Un gravamen un tanto controvertido que suele enfrentar a la Administración con los empresarios turísticos.
Los principales argumentos a favor defienden que sirve para obtener más ingresos para el sector y hacer frente a los costes públicos asociados al turismo. Por el contrario, quienes se oponen afirman que la tasa turística supone un obstáculo para los visitantes y cuestionan su modo de aplicación.
Sin embargo, lo cierto es que, según las cifras, en los lugares donde se ha implementado esta medida recaudatoria no se ha producido un efecto disuasorio en la llegada de los turistas en favor de otro destino.
En este sentido, Jordi Martí, presidente de Acave, afirma a AGENTTRAVEL que “las tasas turísticas son muy comunes en muchos países de la Unión Europea y los viajeros están acostumbradas a ellas. No afectan a la decisión de compra. Es más, la mayoría comparten el espíritu de este tipo de tasas y la apoyan”.
Concretamente en Cataluña, primera comunidad autónoma en implementar esta medida en 2013, los datos de llegadas de viajeros a los aeropuertos de Barcelona este verano, y en general todas las estadísticas oficiales, “confirman que la región mantiene un liderazgo turístico en España”, apunta Jordi Martí.
Convencidos de que la tasa turística no afecta negativamente a los destinos se muestran Pablo Díaz Luque, profesor del Programa de Turismo de la UOC y Marcos Franco, socio fundador de ReiniziaT y ObservaTUR.
Sin embargo, este último matiza que hay que explicar los fines a los que se destina esa recaudación tanto a los locales como a los que están de paso. Porque, según su opinión, “bien explicadas las finalidades, estamos convencidos de que no habrá descensos en la demanda, todo lo contrario”.
Por su parte, Díaz Luque añade que en sentido estricto el destino puede perder cierta competitividad frente a otros competidores. Pero explica que “el buen uso de lo recaudado por esa tasa podría contribuir a una mejor gestión y experiencia turística”.
José Luis Méndez, presidente de UNAV, es de la misma opinión que los anteriores, y piensa que “correctamente encauzada, esa recaudación podría servir para consolidar la recuperación del sector, mejorar nuestras infraestructuras y apoyar al tejido empresarial”.
Puede ser, además, “el complemento que precisa nuestro sector –presuponiendo que vaya en su totalidad al turismo– para incrementar la partida presupuestaria a todas luces insuficiente que generalmente suelen destinar los Presupuestos del Estado a nuestra industria”, añade Méndez.
La tasa en España
Después de Cataluña, en 2016 Baleares puso en marcha su propia “ecotasa” para “impulsar el turismo sostenible”. Y este 2022 la Comunidad Valenciana se ha subido al carro de la tasa turística y se aprobará este jueves en Les Corts Valencianes siete años después de proponerse por primera vez. Este miércoles se ha celebrado el último debate, con pocas sorpresas: los tres grupos del Botànic se han mostrado seguros de que su propuesta saldrá adelante y los de la oposición han subrayado su férrea oposición.
Siete años han pasado desde 2015 en que los partidos del Botànic (PSPV y Compromís con el apoyo externo de Podem en aquel momento) barajaron por primera vez la posibilidad de implantar este impuesto. En octubre de aquel año, el Consell descartó incluir la tasa en sus presupuestos. La secretaria autonómica de Hacienda de entonces, Clara Ferrando, señalaba que no se había incluido pero que podría haber "un punto de acuerdo" en el futuro y que había "todo el tiempo del mundo para hablarlo".
Ninguno de los representantes del ejecutivo que defendieron aquel presupuesto sigue en su puesto siete años más tarde, ni el conseller ni la secretaria autonómica ni los directores generales. Sí sigue en el cargo el secretario autonómico de Turisme, Francesc Colomer, que ha mostrado en reiteradas ocasiones su oposición a este tributo, impulsado desde Compromís y Unides Podem y finalmente aceptado por el PSPV en Les Corts. Tampoco el president, Ximo Puig, se ha mostrado partidario de la tasa en varias ocasiones, y ha defendido que no es el momento.
La propia tasa ha cambiado de forma en varias ocasiones. Al principio se preveía que fuera una propuesta que se tenía que aplicar en todo el territorio, pero ha acabado siendo de carácter municipal y voluntario. En varias ocasiones se planteó como una enmienda a la ley de acompañamiento, pero finalmente sale adelante con rango de ley.
En este caso este gravamen estará entre 0,5 euros y dos euros por pernoctación en función del tipo de alojamiento y con carácter municipal y voluntario, es decir, que serán los ayuntamientos los que decidan en última instancia si se activa este gravamen.
En otras comunidades autónomas y ciudades españolas ya se ha abierto el debate de la tasa turística, como en Andalucía donde ha sido rechazada por el Gobierno, San Sebastián, Santiago de Compostela e incluso en Madrid donde fue planteada por el partido que lidera Mónica García.
Hasta la propia ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, se ha mostrado partidaria de que la tasa turística se implante siempre y cuando esta decisión sea “fruto del diálogo”, al tiempo que ha defendido la “autonomía” de los ayuntamientos y de las comunidades en esta materia.
Llegados a este punto, ¿sería una buena estrategia implantar esta tasa de manera general en España? Para Pablo Díaz Luque está clara la respuesta: no, ya que “no es lo mismo la situación del turismo en Teruel que en Barcelona”.
En su opinión, dependiendo del desarrollo turístico del destino puede tener sentido introducir este gravamen o no.
“En los destinos turísticos muy consolidados puede entenderse la introducción de una tasa que palie de alguna manera las externalidades negativas que el turismo excesivo puede tener. No hay que olvidar que en esos destinos una buena parte de los recursos son destinados a sostener ese turismo y a menudo la población local soporta esos costes por lo que la tasa puede venir a paliar este desajuste”, explica.
Rechazo de Hosbec
Por su parte, la patronal hotelera Hosbec se opone a este tipo de recaudación ya que, según su secretaria general, Nuria Montes, “es un impuesto que se recauda sin ninguna necesidad y mucho menos en este momento después de casi dos años con poca actividad y un entorno de escalada de costes”.
Aunque reconoce que hay ciudades que pueden cobrar una tasa y no verse afectadas en la demanda porque son “icónicas”, como París, Roma o Barcelona, alerta de que, en el caso concreto de la Comunidad Valenciana, sería un impuesto “discriminatorio” porque se cobraría en unos sitios sí y en otros no.
“Un turista que sepa que tiene que pagar más por venir a la Comunidad Valenciana irá a Murcia o Andalucía. Los destinos españoles no podemos competir entre nosotros con diferentes condiciones”, señala.
Otra de las razones para justificar su rechazo es que gravaría “exclusivamente al alojamiento hotelero y reglado”, además de “restar poder adquisitivo a los turistas y limitar gravemente la competitividad de las empresas de alojamiento”.
Además, Montes recalca que, “en un entorno marcado por la inflación, si el mercado tuviera opción para que el cliente pudiera pagar dos o tres euros más por estancia y día, lo legítimo sería que lo pudieran cobrar las empresas, que han estado prácticamente dos años inactivas y ahora tienen que asumir un incremento de costes que no pueden trasladarlo al cliente”.
Por último, recuerda que en la Comunidad Valenciana se recaudan casi cuatro millones de euros en actividades relacionadas con el turismo, de los cuales, la mayor parte se invierte en otras cosas no relacionadas con el sector. Por ello, cree que “la aportación del turismo ya es bastante importante como para gravar aún más a los turistas”.
Abrir el debate
Desde ObservaTUR piensan que al menos “debe de abrirse el debate acerca de su conveniencia”. Porque en el caso de implantarse se ha de hacer con una serie de garantías, y siempre escuchando la voz de todos los sectores implicados”, afirma Marcos Franco.
Según su opinión, esta discusión debería tener dos objetivos primordiales. El primero, para anteponer “la sostenibilidad del ecosistema del turismo y los viajes” y, en segundo término, “por un principio de solidaridad, de manera que las personas que se desplazan puedan contribuir a la financiación de los servicios e infraestructuras”.
Sin embargo, recalca que esta discusión ha de ser “serena, con todos los actores del sector y con cifras y datos”.
Aunque en principio, como posicionamiento de partida, UNAV se opone a cualquier tipo de freno al turismo, “y un gravamen siempre lo es”, no rechaza en ningún caso participar en el debate público acerca de la puesta en marcha de este tipo de medidas.
A pesar de ello, defiende que el sector de las agencias debe participar en ese debate y que, “en caso de implantarse, no sea un castigo o una penalización y su recaudación se dirija claramente hacia la mejora de los servicios e infraestructuras de los equipamientos turísticos, o incluso a la consolidación de su tejido empresarial”.
Una tasa finalista
Uno de los aspectos más controvertidos de la tasa turística es el destino de los fondos recaudados, que en un principio están pensados para la promoción turística, el mantenimiento del patrimonio o la mejora de los servicios turísticos, pero que después de algunos años se han dedicado a otros menesteres.
En este sentido, el profesor Pedro Díaz Luque alega que la tasa no tiene que ser necesariamente finalista, pero saber a “qué se destina e incluso que los turistas y la población local conozcan el posible destino de esa tasa, ayuda a su aceptación”.
Marcos Franco matiza que el destino final de la recaudación “ha de formar parte de ese debate constructivo y abierto entre todos los actores implicados, como también lo habría de ser su porcentaje o cuantía. Pero, considera que “en un alto porcentaje la tasa sí habría de ser finalista”.
Por su parte, Nuria Montes explica que, tal y como está planteada esta medida, jurídicamente es un impuesto y no una tasa ya que no viene a retribuir un servicio exacto.
“Los impuestos van a la caja común de la Administración y luego el gobierno decide donde destinarlos, de hecho, en los lugares donde se implantó tiene un uso distinto con el que se creó”, lamenta.
El presidente de Acave recuerda que cuando se implantó la tasa la asociación tenía reservas por si podía traducirse en una pérdida de competitividad.
Después de casi 10 años, los temores han desaparecido, pero les sigue preocupando “el uso que se está haciendo de los recursos que genera” y también el hecho de que ayuntamientos como el de Barcelona “aprueben incrementos adicionales a los que estableció la Generalitat”.
“No es consecuente dado que ya se establecieron en su momento cuotas más altas para Barcelona que para el resto de municipios de la comunidad. Además, hay que justificar muy bien a qué se destina el dinero recaudado y garantizar que se dedique a la promoción y a la mejora de la actividad turística de los destinos”, concluye.
La tasa en Europa
El impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos es un recargo que se cobra al visitante de una ciudad o de un país y que se suele añadir al precio tras la reserva hotelera o al comprar el billete de avión.
En las principales capitales europeas, salvo Madrid, Londres y Dublín, es un gravamen muy popular que no ha supuesto un empeoramiento de las cifras turísticas.
Por ejemplo, en Italia hay que pagar un importe distinto según la región en donde estemos. En Roma, por ejemplo, hay que abonar dos euros por persona y noche, salvo en los hoteles de cuatro y cinco estrellas, donde la tasa sube hasta los tres euros. En Milán y Florencia se cobrará un euro por cada noche y estrella que tenga el hotel, mientras que en Venecia el importe dependerá de la zona y las estrellas del hotel.
En Francia el impuesto oscilará entre los 0,20 euros por persona y noche y los tres euros, dependiendo del tipo de alojamiento que hayamos contratado. La tasa es común para todo el país, con excepción de la capital, París, donde se cobra un 10% más.
En Bélgica, la tasa varía dependiendo del tipo de alojamiento y del municipio en el que se encuentra. La tasa más elevada de todas se encuentra en Bruselas, donde se puede llegar a pagar entre 2,15 y 5 euros por persona y noche, dependiendo del hotel.
En Holanda, en Ámsterdam se paga un 5% del precio del alojamiento por pernoctación.
Ocurre lo mismo en Alemania, donde en Berlín se tendrá que pagar un 5% del precio de alojamiento por persona y noche.
En Austria, en Viena se abona una tasa del 3,20% del precio del hotel por noche y persona.
En la República Checa, en el caso de Praga, la cantidad que tendremos que pagar será de 0,5 euros por día de estancia y huésped.
En Portugal, en las dos ciudades más importantes, Oporto y Lisboa, aplican la misma tasa pero con matices. En la capital los viajeros tendrán que abonar una tasa de dos euros por persona y noche, aunque solo durante su primera semana de estancia, al igual que en Oporto, donde este impuesto se sitúa en los dos euros.
En Grecia, la tasa turística oscila entre los 0,5 y los cuatros euros por persona y noche, dependiendo, de nuevo, del tipo de establecimiento.
En Malta, los turistas pagan cinco céntimos por pernoctación, y hay un tope de cinco euros.
Rumanía, Suiza, Eslovenia, Eslovaquía, Croacia, Hungría y Bulgaria también cobran este impuesto al turísta.
