Imaginen la escena: usted llega al mostrador de un hotel. Lleva horas de viaje, su paciencia roza el límite y lo único que desea es la llave de su habitación para ducharse y descansar. Pero antes, sorpresa: tendrá que rellenar un formulario interminable con más de 30 datos. Sí, más de 30. “¿Nombre? ¿DNI? ¿Número de la Seguridad Social? ¿Primer apellido de su mascota? ¿Cuántas veces dijo ‘gracias’ en el último mes?”. Puede parecer una exageración, pero estamos cerca.

Lo malo es que todo esto no es para garantizar que le den una suite con vistas, claro. Es parte del protocolo que establece un Real Decreto que entró en vigor el pasado 2 de diciembre. Concretamente, el Real Decreto 933/2021 que promete, según el Ministerio del Interior, fortalecer la seguridad nacional exigiendo una cantidad desproporcionada de datos a cada viajero en hoteles y alojamientos turísticos. Se supone que esta normativa ayudará a capturar delincuentes. Obvio. Todos sabemos que los “malotes” se presentan en la recepción del hotel diciendo: “Hola, soy el villano. Aquí tienen mi DNI y mi tarjeta de puntos”. Digno de monólogo de Gila: “¿Está el terrorista? Que se ponga”.

En Cehat no estamos en contra de colaborar con las autoridades. Lo hemos hecho siempre. Los alojamientos reglados, como hoteles, apartamentos turísticos, campings, resorts, balnearios, etc., hemos colaborado desde el minuto uno con los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado de nuestro país para mantener la seguridad que nos hace líderes turísticos. Pero esta normativa no es colaboración, es un disparate. Convertir a recepcionistas en agentes de aduanas que deben recopilar, verificar y almacenar tanta información no solo es inútil, sino contraproducente.

¿Realmente alguien cree que este ejercicio burocrático mejorará la seguridad de nuestro país? Los verdaderos delincuentes –esos que no suelen aparecer en hoteles con todo en regla– seguirán cómodos y despreocupados. ¿Para qué molestarse con un check-in cuando hay tantas opciones para alojarse sin dar explicaciones? Los verdaderos criminales encuentran formas de alojarse sin dejar rastro.

Mientras tanto, las personas que no tenemos por costumbre atracar bancos, escaparnos con botines ajenos al Caribe o vender la Gioconda en el mercado negro -o sea, usted, su prima de Cuenca, su vecino del 5º y un servidor-, acabamos pagando el pato con más retrasos, menos privacidad y un tedio monumental a la llegada del hotel, sometiéndonos a un incómodo interrogatorio digno del FBI. La medida, por tanto, descarga su peso sobre los viajeros de a pie y genera una carga administrativa monumental que recae sobre los empleados de los alojamientos, que no son ni policías ni expertos en seguridad.

No olvidemos, para más inri, que toda esta información deberá guardarse durante un trienio. ¿Qué podría salir mal con tres años de datos almacenados? Seguro que ningún hacker, en ningún rincón del planeta, pensará: “Vaya, esto es un buffet libre”. ¿Es esta la “seguridad” que nos prometen? Aunque, bien pensado, si nos roban los datos, al menos podremos presumir de tener el sistema de burocracia más completo del hemisferio…

¿Y qué me dicen de los turistas británicos que desde el Brexit han de pasar controles más exhaustivos? Pues ahora, con los mismos recursos policiales (o menos), tendremos aún más datos que procesar. ¿El resultado? Aeropuertos colapsados, recepciones saturadas y turistas que, en lugar de recordar España como el país del sol, la alegría, la gastronomía y la cultura lo recordarán como el reino del formulario. Un escenario desesperanzador que, si no conseguimos revertir a tiempo, nos acabaría restando competitividad a nivel turístico.

 Los hoteles no son comisarías. Las recepciones no son puestos fronterizos. Y los recepcionistas no deberían ser interrogadores formados en los servicios secretos. Ya nos han asignado el papel de cajeros cobrando tasas e impuestos turísticos. ¿Ahora quieren que actuemos también como policías? Seamos serios. En lugar de convertir el sector turístico en un peón de la burocracia estatal, el Ministerio del Interior debería invertir en dotar de más medios y personal a las Fuerzas de Seguridad para que hagan su trabajo donde realmente importa: en fronteras, aeropuertos y controles específicos. Pero no carguemos al sector turístico con más normativas que solo sirven para ahuyentar a los viajeros y hacernos perder el tiempo.

Esta normativa no sirve para atrapar a criminales, pero sí para generar un problemón monumental en la operativa diaria de los alojamientos turísticos, socavar la privacidad de los viajeros y aburrirlos hasta el hartazgo. Mientras tanto, los “malotes” seguirán riéndose. Pero no en nuestros hoteles. Aquí, lo que nos queda claro, es que el sentido del humor ya no está en el menú. Pero, como dice nuestro ministro: “¡Viva el turismo!”. Ese que nos estamos cargando poco a poco…