Meliá afirma que las condiciones “impuestas por el Gobierno estadounidense no resultan asumibles por la compañía”
La compañía Meliá Hotels International ha confirmado que su vicepresidente ejecutivo y consejero delegado, Gabriel Escarrer, recibió el pasado 11 de octubre una notificación del Departamento de Estado de Estados Unidos en la que, en aplicación del Título IV del Liberty Act –Ley Helms Burton–, y si no aceptaban una serie de condiciones en su actividad sobre la República de Cuba, se le prohibiría el acceso al país.
Sin embargo, estas condiciones “impuestas por el Gobierno estadounidense no resultan asumibles por la compañía” y alega que su cumplimiento es contrario a la normativa europea -conocida como Estatuto de Bloqueo- que considera que “la Ley Helms Burton infringe los más elementales principios de Derecho internacional”.
Siguiendo esta normativa comunitaria, Meliá ha trasladado a las instituciones españoles y autoridades comunitarias la resolución de esta cuestión, “confiando que su dedicación, diligencia y estrecha colaboración acabarán dando una satisfactoria solución”.
La compañía señala que la Administración estadounidense vinculaba esta notificación a la actividad que determinadas empresas filiales de Meliá mantienen con entidades públicas cubanas.
Una demanda anterior
En concreto, se refiere a la gestión de dos hoteles en la región de Holguín, que estarían ubicados, “a entender de dicha Administración”, en una parcela de una propiedad expropiada a la familia Sánchez Hill a finales de los años 50.
Esta familia ya interpuso en España una demanda contra Meliá por estos hechos, aunque fue desestimada por los tribunales en primera instancia.
La Ley Helms-Burton, aprobada en 1996, dio a los estadounidenses el derecho a demandar a empresas de todo el mundo que se lucren con los bienes confiscados por las autoridades ‘castristas’, pero todos los gobiernos norteamericanos habían dejado sin efecto esta cláusula hasta que se levantó el pasado 2 de mayo.
No obstante, la hotelera ha reiterado su “respeto y confianza en la implicación e impulso” hacia una solución “positiva” por parte de las autoridades españolas y comunitarias, así como en los tribunales. Además, ha insistido en la “lealtad, legalidad y responsabilidad” con la que sus filiales “han desempeñado siempre su gestión empresarial en Cuba”.
Por tanto, ha manifestado que espera que la controversia producida por la activación de la Ley Helms Burton sea “resuelta de manera favorable a los intereses del grupo”.
